183.970,49 PAVOS

Ahí es nada.

Esa es la cantidad que debe abonar nuestro ayuntamiento, todos nosotros, por lo que se podría calificar como una negligencia infantil……o no.

Me gustaría ver algún panfleto de esos semi humorísticos que editan los gobernantes de este pueblo para explicarnos como se llega a una situación de este tipo y, sobre todo, como se solventa el pago (aunque haya consignación presupuestaria) porque no creo que esté el horno para muchos bollos de esta índole.

Hace unos años, el ayuntamiento, apoyado en los informes de sus técnicos y en no sé qué intereses, realiza una cancelación registral irreversible de una finca por un proyecto de reparcelación, es decir, lo más parecido a una expropiación en toda regla pero sin compensación, lo que podríamos llamar una auténtica “confiscación”. En estos casos la decisión debe venir sustentada por los informes de los técnicos expertos en la materia, concretamente el arquitecto y el abogado municipal. Pero como estos señores no son la voz más acreditada, las personas perjudicadas acuden a la justicia y, ésta, como no podía ser de otra manera, les da la razón. Ni más ni menos que 183.970,49 eurazos. Es decir, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia da la razón a los reclamantes condenando al ayuntamiento al pago de ese pastizal. Esto quiere decir, si respetamos las decisiones judiciales, que aquella expropiación no era del todo legal. Entonces ¿Quién ha metido la pata? ¿Qué informe de los aportados para llevar a cabo la chapuza era incorrecto? Porque, como mínimo, debería estudiarse el tema y dar con el culpable, ya que esta broma ¿quién tiene la obligación de pagarla? Conmigo espero que no cuenten porque yo no estaba allí cuando se coció la idea. Seguro que si fuera un empresa privada ya se habrían depurado responsabilidades aunque, seguro, que en la mayoría de los casos, no habría ocurrido ese destrozo.

Me viene al hilo el desahucio llevado a cabo por la policía nacional en Gijón estos días atrás. Alucinante. Entran en una vivienda (gracias que no estaban los dueños, aunque llegaron enseguida y el susto se aminoró un poco) forzando la puerta y cambiando la cerradura. Cuando el daño estaba hecho se vienen a dar cuenta que había sido un error y no se trataba de esa vivienda. Imagino que los dueños reclamarán y pedirán una indemnización y, entonces, ¿esa broma quién la paga?

Pues estamos en una situación muy parecida porque la bromita la pagaremos los de siempre. Curioso ¿no? Pues es lo que hay.

Y siguen mis dudas:

¿Quién tienen el valor de hacer una cosa así? ¿Acaso no son técnicos especializados cuya elevada  remuneración es acorde a sus estudios e inherente a su cargo?

Si un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictamina que han incurrido en un hecho inconstitucional ¿Qué responsabilidad se le puede exigir al consistorio como promotor de la unidad de actuación en cuestión?

¿Cómo tienen agallas para aprobar una unidad de actuación que se encuentra dentro de otra que ellos mismos aprobaron anteriormente? ¿Por qué no paramos de ver a Promociones Rojo Campoy adjudicarse subastas públicas?

Quizás los afectados por esta “chapuza inconstitucional”, a raíz de esta sentencia favorable, decidan recurrir incluso la condena en costas del proceso o emprender otras acciones legales contra los autores de esta sinrazón. Y quizás todo eso aumente nuestra deuda y, quizás, haya que volver a llorar a los bancos o al tío Montoro para que vuelvan a cubrir nuestras miserias.

¿Cuántas mierdas más nos tendremos que comer después de que se hayan ido?

¿Se han propuesto contrarrestar su llamada “herencia Zapatero” dejándonos en la más absoluta miseria o quizás estamos tan boyantes como dice su jefe en el debate del Estado de la Nación?

No se para qué pregunto, si no hay calidad, no hay nada que esperar…amén.